En un nuevo capítulo de la polémica que rodea al Gobierno Regional de Aysén, ha salido a la luz una alarmante conexión entre la entrega de 1.700 millones de pesos a la Fundación Procultura y la estrecha relación entre sus principales protagonistas y el Presidente Gabriel Boric. Este vínculo, que incluye al reconocido psiquiatra Alberto Larraín y la esposa del mandatario, Irina Karamanos, plantea serias dudas sobre posibles actos de corrupción.
La Fundación Procultura, presidida por el polémico psiquiatra Alberto Larraín, ha recibido una millonaria suma de dinero por parte del Gobierno Regional de Aysén. Sin embargo, lo que resulta aún más preocupante es el hecho de que Larraín es conocido por ser el psiquiatra personal del Presidente Boric, lo que levanta sospechas sobre posibles conflictos de interés en esta millonaria transacción.
Pero los lazos no terminan ahí. Irina Karamanos, esposa del Presidente Boric, también ha trabajado en la Fundación Procultura, lo que sin duda plantea interrogantes sobre la imparcialidad en la toma de decisiones y el uso de los recursos públicos. ¿Se estarán beneficiando amigos cercanos del mandatario a costa de los contribuyentes?
No obstante, el escándalo no se limita a la Fundación Procultura. Otro nombre que salta a la palestra es el de la rectora Natasha Pino, quien tiene estrechos lazos con dicha institución. Pero lo más inquietante es su colaboración y militancia en el partido político Democracia Viva, el cual organizó la controvertida 2da Escuela de Verano de la Universidad de Aysén.
En esta escuela, se llevaron a cabo talleres de información del proceso constituyente, levantando sospechas sobre la verdadera finalidad de estos eventos. ¿Están siendo utilizados los recursos públicos para promover una agenda política específica? ¿Se está aprovechando el prestigio de la Universidad de Aysén para influir en la opinión de los participantes?
Ante estos hechos, surge la pregunta inevitable: ¿Qué credibilidad podemos tener en el Gobierno Regional de Aysén y en el uso de sus recursos? La ciudadanía merece respuestas claras y contundentes, así como una investigación exhaustiva que esclarezca los posibles actos de corrupción que podrían estar ocurriendo en la región.
Es hora de que las autoridades asuman su responsabilidad y respondan ante el pueblo. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para mantener la confianza en nuestras instituciones. No podemos permitir que los intereses personales y políticos se antepongan al bienestar de la región de Aysén y de todo el país.