Un dictamen de la Contraloría General de la República confirmó una denuncia en contra de uno de los hombres de confianza de Luperciano Muñoz, quien se desempeñaba como Delegado Municipal en Puerto Guadal, Jorge Parra Riquelme.
La denunciante, y víctima es una matrona que se desempeñaba en la localidad, quien denunció maltrato verbal y psicológico, los que incluso incluirían actos discriminatorios penados por la Ley Zamudio.
En dicho dictamen, el ente contralor, por estas acusaciones realizadas por la matrona, estableció que Parra Riquelme, amparado por el poder y responsabilidad que le entregó Luperciano Muñoz “se encuentra plenamente acreditada la responsabilidad administrativa de don Jorfe del Tránsito Parra Riquelme y se justifica la aplicación de una sanción disciplinaria”. Pese a eso, aún se desconoce si es que la primera autoridad comunal instruyó o no la sanción.
No conforme con aquello, Luperciano confirmó mediante un oficio a la comunidad que “esta autoridad respalda firmemente al delegado municipal de Puerto Guadal don Jorge Parra, brindando todo el apoyo ante los dichos de malas prácticas en contra de él, no existiendo la fecha una denuncia formal que avale su falta de habilidad en sus funciones”.
La resolución final estableció que Parra no ejerció su labor con la debida diligencia y cuidado, y se extralimitó en sus atribuciones al solicitar que no se accediera a una solicitud de financiamiento para un programa deportivo presentada por Pérez debido a problemas personales. La Contraloría recomendó al alcalde la medida disciplinaria de una multa del 20% de la remuneración de Parra y una anotación de demérito en su calificación. A la fecha, no se sabe si el edil aplicó la sanción, mientras que la afectada decidió emigrar de la localidad.
