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La Fiscalía Regional del Ñuble ha presentado cargos en el caso Luminarias, y en relación con la rama que involucra a la Región de Aysén, está solicitando una pena de cuatro años de prisión para el exalcalde de Coyhaique, Alejandro Huala, y para Julio Villarroel, quien fuera el exjefe de planificación comunal.

El caso Luminarias se centra en la investigación de las conexiones entre la empresa Itelecom y organismos públicos del país, con el fin de asegurar la ejecución de proyectos a cambio de fondos destinados a autoridades o funcionarios. Según la Fiscalía, esto constituye los delitos de cohecho, soborno y violación de secreto.

En lo que respecta a la Región de Aysén, la única investigación activa involucra al exalcalde Huala y a su entonces jefe de Secplac, para quienes se ha solicitado, en caso de ser declarados culpables, una condena adicional de siete años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El escrito presentado por la fiscal de Ñuble, Nayalet Mansilla, indica que la investigación contra Huala y Villarroel se remonta a 2015, cuando se licitó un contrato de 1.800 millones de pesos para la renovación de luminarias en Coyhaique. Esta investigación se extiende hasta 2017, cuando se llevó a cabo una segunda iniciativa por un poco más de 40 millones de pesos en moneda nacional. Ambos proyectos fueron ejecutados por Itelecom, y según la acusación, Huala y Villarroel habrían recibido sobornos que superan los 300 millones de pesos, un hecho que el Ministerio Público ha documentado a través de siete cheques recibidos por los acusados.

En el documento legal se destaca que «el gerente general y socio de la empresa mencionada, León Marcelo Lefort, ofreció un beneficio económico a Huala y Villarroel antes de la publicación de la licitación, a cambio de que estos realizasen actos que infringieran sus deberes públicos con el fin de favorecer a la empresa. Esta oferta fue aceptada por los imputados».

Tras la presentación del escrito, el Ministerio Público aguarda que se programe la audiencia de preparación del juicio oral. En esta instancia, se presentarán las pruebas de la Fiscalía y las defensas de los acusados, lo que determinará si efectivamente se cometieron los delitos de cohecho, soborno y violación de secreto en la adjudicación de contratos a la empresa Itelecom, tanto en Coyhaique como en otras regiones del país.