Un oficio de la municipalidad de Coyhaique fue el detonante para que diversas organizaciones mostraran su molestia por lo que advierten una “persecución”, por parte del alcalde de la Democracia Cristiana, Carlos Gatica, carta dirigida a las juntas de vecinos, que autónomamente se encuentran organizando diversas instancias de diálogo para conocer la propuesta constitucional que debe ser votada este 4 de septiembre.
El documento, que lleva la firma del director de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), Carlos Mansilla Bórquez, señala que “según ley 19.418 artículo 3° señala que las juntas de vecinos y las demás organizaciones comunitarias no podrán perseguir fines de lucro y deberán respetar la libertad religiosa y política de sus integrantes, quedando prohibida toda acción proselitista por parte de dichas organizaciones en tales materias”.
Y más abajo advierte que “por cuanto queda estrictamente prohibido para usos políticos”, precisando que podrían ser castigados con el fin del comodato de sus respectivas sedes. Una situación que recuerda la Dictadura cívico militar, donde estos derechos elementales estaban conducidos por militares.
De forma histórica las juntas de vecinos han cumplido un rol importante, ya que son instancias donde los dirigentes sociales informan y hacen llegar las necesidades de la gente y vecinos a sus autoridades. “Este tipo de acciones anti democráticas de parte del alcalde Carlos Gatica solo demuestran que no le gusta la misma medida para todos, ya que cuando está en campaña política ocupan estos espacios para buscar votos, donde prometen cosas a los vecinos que no cumplen y se ha visto este último año, donde los vecinos han denunciado decenas de incumplimientos por parte del alcalde”, precisó Cristina Carrera, dirigenta social y sindical.
La dirigenta agregó que “esto va más allá, porque nosotros no vamos a hacer promesas, sino a informar de este proceso democrático e importante para Chile. Tenemos la obligación como ciudadanos de informarnos y es nuestro derecho y no vamos a dejar que este tipo de prácticas de ciertos políticos les nieguen a los vecinos el acceso a la información, porque es su derecho que voten informadamente”.
Por lo tanto, esta medida sería ilegal e improcedente, dado que las organizaciones comunitarias tienen autonomía para realizar las acciones que estimen convenientes, sobre todo cuando una junta de vecinos quiere informar y educar a su población en relación al nuevo texto o propuesta constitucional
Cabe señalar que la difusión, información y conversación que se generan entre los vecinos es de suma relevancia, por lo que dirigentes vecinales actitud no comprenden que desde la municipalidad de Coyhaique se bajen estas orientaciones, incluso algunos dirigentes han señalado con amenazas con quitar las sedes vecinales.